Dialogando con el Búfalo

TIJUANA.- Acusó directamente al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, de tener una actitud de reto a los órganos electorales y de soberbia frente a la ciudadanía.El líder estatal del PRI, René Mendívil Acosta, denunció que ambos llevan a cabo programas sociales como la entrega de dinero mediante cheques y monederos electrónicos sin respetar las leyes.
La Coalición PRI-PVEM cuenta con documentos, información grafica y videográfica, aseguró, de cómo los programa sociales los desarrollan mediante la entrega de dinero a cambio de recoger credenciales y registros electorales de los beneficiarios.
En conferencia de prensa, el dirigente mostró un video donde se observa a ciudadanos recibiendo cheques o el monedero electrónico, mientras funcionrios solicitan su credencial para efectos de identificación.
Ante ello, solicitaron al presidente del Consejo General Electoral del IEPC, que el Consejo General investigue las irregularidades imputables dijo: al presidente Municipal del Tijuana, a la diputada federal, Josefina Vázquez Mota; el candidato de la Alianza Por Baja California, Carlos Torres Torres y los partidos integrantes de la misma Alianza en su calidad de garantes.
También se refirió al caso de Tecate, donde el Consejero asistió a un evento político del candidato de la Alianza por Baja California, además de que el Ayuntamiento de Tecate colocó propaganda política en un camión del mismo aspirante a la Alcaldía por ese municipio.

La denuncia la presentará mañana martes por los siguientes delitos:

A) Indebida promoción personalizada a través de difusión de obras del actual Presidente Municipal de Tijuana.
B) Indebido uso de programas de gobierno en época electoral.
C) Indebida injerencia de funcionarios públicos federales en actos de campaña de Carlos Torres Torres.
D) Responsabilidad de Carlos Torres Torres y de la Alianza por Baja California por la indebida injerencia de funcionarios federales en actos de campaña.
E) Responsabilidad de los Partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social en su calidad de garante, por el uso indebido de programas gubernamentales y propaganda gubernamental por parte de servidores públicos militantes de dichos partidos.