Claro rechazo a “candidatos oficiales”: Carlos Torres Torres (Tijuana), Raúl Leggs Vázquez (Playas de Rosarito); Alfonso Alvarez Juan (Tecate) y Hugo Zepeda Berrelleza (Ensenada) y Raúl López Moreno (Mexicali).
Por Rogelio Lavenant Sifuentes
TIJUANA.- La tardía instalación de casillas (el 45 por ciento a las 11:00 de la mañana), la ausencia de funcionarios en algunas y la escasa concurrencia de votantes a las urnas (poco más del 30 por ciento), no son los detalles sobresalientes de una jornada electoral como la celebrada en Baja California, el pasado domingo 4 de julio.
Tampoco lo es la tranquilidad con la que se desarrollaron las votaciones, o la indolencia de quienes prefirieron irse “al otro lado” de compras o a pasear a las playas (donde las hay) o a los parques citadinos.
Se descarta incluso como punto sobresaliente que, pese a la intensa difusión en las redes sociales de Internet, de cada tres jóvenes solamente uno acudió a emitir su sufragio, según datos organismos electorales.
Lo relevante es, indudablemente, el triunfo contundente de la Alianza por un Gobierno Responsable (PRI-PVEM), la otrora llamada “marea roja”, que arrasó con la “ola azul” y llevo a la dolorosa derrota a los candidatos de la Alianza por Baja California (PAN-PES-PANAL).
Para analistas y comentaristas especializados, el domingo quedó demostrado que el escueto electorado, al margen de los partidos y autoridades electorales, hizo saber su decisión en las urnas y tomó el camino de la alternancia en una demostración de que, en Baja California, la democracia… ¡vive!
Y, en este contexto, se evidencia que la militancia panista (el “voto duro”) “no salió a votar” y “castigó” a los que consideró “candidatos oficiales” y hasta “impuestos”.
Uno de ellos, Carlos Torres Torres, derrotado aspirante a la alcaldía de Tijuana, no pudo quitarse el sello de ser “recomendado” o “ahijado político” del presidente Felipe Calderón Hinojosa y, los otro cuatro, Raúl López Moreno (ex secretario general de Gobierno de Mexicali), Alfonso Alvarez Juan (ex subsecretario de Promoción Económica del Estado), Hugo Zepeda Berrelleza (ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada) y Raúl Leggs Vázquez (ex coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado), fueron etiquetados como “hombres del gobernador José Guadalupe Osuna Millán”, lo que les “ayudó” en las elecciones internas, pero no en las generales.
Pesó más en su contra esa supuesta condición, que sus propuestas para convertirlas eventualmente en excelentes oportunidades de progreso y bienestar para los habitantes en cada uno de los cinco municipios de nuestra entidad, basadas en la experiencia y la capacidad organizativa y operativa, amén de su relación íntima con el jefe del Ejecutivo estatal que, pensaron y ofrecieron, facilitarían la realización de obras y programas de beneficio para todos.
Así, en parte se explica la derrota de los nominados albiazules para las alcaldías de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. Otro de los derrotados es el ex secretario particular del mandatario estatal, Máximo García López, que aspiraba a convertirse en diputado por el Distrito 10 de Tijuana, y fue rebasado por su contendiente priista Carlos Murguía Mejía, quien se quejaba de la desventaja en recursos.
Los actuales alcaldes panistas son igualmente señalados como responsables de crear un ambiente negativo para quienes pretendieron convertirse en sus sucesores.
En Mexicali, el jefe de la comuna Rodolfo Valdez Gutiérrez, ha perdido popularidad y visto como prepotente, además de que no se olvidan las irregularidades en las que ha incurrido, como el del caso del diputado mexicalense que fuera presuntamente detenido con droga y una arma, pero que la policía municipal dejó en libertad y sin rendir parte de novedades, lo que contradice su empeño en alcanzar la certificación de CALEA.
En el puerto de Ensenada, el alcalde Pablo Alejo Lopez Nuñez, es objeto de reclamos de la ciudadanía y no pasan por alto la obra fallida del puente peatonal que tuvo que ser desmontado y vuelto a instalar porque el pilar que lo soportaba sobre el camellón, se estaba hundiendo y ponía en peligro la instalación y, obviamente, a quienes se atrevieran a pasar por encima.
Casos muy peculiares son los de los presidentes de Tecate (el panista Donaldo Peñaloza) y de Playas de Rosarito (el empresario Hugo Torres Chabert, abanderado por el PRI), que han trabajado con muchas limitaciones y recibido por ello el apoyo del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, para la realización de obras. En Tecate no están conformes, en tanto que en Rosarito se confirma el gobierno priista.
En cuanto al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, enfrenta el reclamo generalizado de comerciantes y automovilistas afectados por las obras del PIRE en las principales vialidades. Se le reconoce que están cambiando, pero no hay cuidado en las fechas y horarios, como tampoco el adecuado y suficiente apoyo logístico de Tránsito Municipal para agilizar el tráfico. Muchas quejas por la baja en las ventas, son el común denominador, y el jefe de la comuna no se da por enterado.
Además, se abriga la sospecha de haber recibido grandes beneficios económicos por este programa, que ejecuta CEMEX con un financiamiento por 1,700 millones de pesos que el cabildo autorizó en “fast track” al Ayuntamiento, como lo hizo también el Congreso del Estado, caracterizado por su lentitud en el desahogo de la mayoría de los asuntos; a este adeudo, se sumarían los $800 millones que gestionó y obtuvo su correligionario Jesús González Reyes (2001-2004) y un crédito por $400 millones gestionados y obtenidos por el priista Jorge Hank Rohn (2004-2007).
Igual percepción se tiene en la ciudadanía, en los medios y en los gremios de transportistas convencionales con la reciente concesión de transporte público dada “en lo oscurito” a una empresa denominada Auto Transporte de Tijuana (ATT), para atender la ruta Valle de Las Palmas-Tijuana, con una flotilla de 600 autobuses, durante un período de 30 años.
Ante la presión de los inconformes, el primer edil anunció haber hecho supuestas modificaciones a los términos de la concesión, como el reducir de 600 a 60 las unidades que pondrán a trabajar y la condición de “no afectar los ramales” en los que ya están prestando servicio transportistas de la Alianza 24 de Febrero, no obstante que días antes había dicho que no podría cambiar las condiciones autorizadas por el cabildo.
“No me chupo el dedo… les puedo asegurar que después de las elecciones del domingo 4 de julio, van a dejar de hacer manifestaciones”, sentenció ante la prensa, cuando fue cuestionado en la calle por grupos de taxistas, calafieros y autobuseros, durante la presentación de uno de los modernos autobuses de ATT, en el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada y rampa Escuadron 201, en la Zona Rio Tijuana.
Este conflicto tenia preocupado al equipo de campaña de Carlos Torres Torres, quien infortunadamente ya había “comprado” dicho proyecto y en repetidas ocasiones aseguró que con ese servicio resolvería el problema y entraría de lleno en la modernización del transporte público que tanto demanda la comunidad usuaria.
Torres estaba dispuesto a dar continuidad a proyectos de Ramos y eso parece haberle ganado la animadversión ciudadana, por los desplantes del actual alcalde que arrastra mas lastres en su haber político. “Más de lo mismo, ya no”, fue el clamor ciudadano.
Ramos Hernández fue incumplido con su obligación de pagar las cuotas “patronales” al Issstecali y recientemente transfirió a esta institución la propiedad de diversos predios, patrimonio del gobierno municipal, para pagar un adeudo millonario que se acumuló porque no cubrió a tiempo las cuotas correspondientes a su personal sindicalizado, más de tres mil empleados.
De Alfonso Álvarez Juan y Raúl Leggs Vázquez, se criticó en diversos medios que no tenían suficiente arraigo en Tecate y Playas de Rosarito, los municipios que aspiraban gobernar. Sus proyectos gustaron, pero el nativismo, además de haber salido del gabinete estatal, les caló profundo en sus anhelos, de tal modo que los votantes prefirieron dar su confianza a los abanderados de la coalición PRI-PVEM, Javier Urbalejo Cinco y Javier Robles Aguirre, respectivamente.
En lo que respecta a Hugo Zepeda Berrelleza, quien fuera superado en votos por el priista Enrique Pelayo Torres, los señalamientos tienen que ver con su desempeño en la dirección de la CESPE, cargo al que renunció para buscar la candidatura del PAN.
A los factores expuestos líneas arriba, se agregaría:
• El descontento popular por las disposiciones presidenciales en materia fiscal, reflejadas en alza de impuestos y la creación de nuevas obligaciones, amén de complicados métodos para las declaraciones, sobre todo individuales.
• El incremento de precios en combustibles que se conoce coloquialmente como “gasolinazo”, que genera fuga de compradores a estaciones de San Diego y Calexico.
• El aumento de cobro de cuotas aplicadas por el Gobierno Federal a los “cruceros” que arribaban a Ensenada y que ya suspendieron sus escalas, causando la quiebra de negocios turísticos.
• La testarudez del Gabinete Económico federal para modificar el decreto automotriz que hizo quebrar a cientos de negocios de autos usados en la entidad, perjudicando a talleres de carrocería, pintura, tapicería, mecánica y venta de refacciones.
• El anuncio engañoso del Decreto Presidencial para la supuesta eliminación del Impuesto a la Tenencia de Automóviles, aplicado solamente en la adquisición de autos nuevos de determinados precios o valores. Sabido es que no aplicara de modo general hasta el año 2012, cuando esté por concluir el sexenio calderonista.
• Los efectos preocupantes del polémico SIAVE en las garitas internacionales que inhibe el flujo de vehículos y provoca lentitud que se refleja en pérdidas económicas y la disminución de turismo.
• Y, como si fuera poco, más recientemente la limitante en los depósitos de dólares en los bancos, sin tomar en cuenta que Baja California es, por su vecindad con California, una región en la que la moneda estadunidense circula casi tanto como la nacional.
RAMOS VS TORRES
El caso de Tijuana merece mención aparte. Entre la militancia del PAN quedó claro que el alcalde Jorge Ramos Hernández y su antecesor en el cargo y correligionario panista, Jesús González Reyes, se habían comprometido a apoyar al ex delegado federal de la Secretaría de Economía (SE), Alejandro Monraz Sustaita, quien había quedado en el camino tres años antes, cuando contendió en la elección interna con el hoy presidente municipal, a punto de concluir su gestión.
Todo hacía pensar que iban en caballo de hacienda, como reza el popular refrán. Monraz Sustaita no negaba su confianza en ser postulado, contando con el apoyo de Jorge Ramos y “Chuy” González, a cambio de dar seguimiento a los proyectos del todavía primer edil e incluir en la planilla a varios “ramistas” y “chuyistas”, al ceder posiciones de lo que sería su gabinete.
Este último es considerado como líder influyente en el panismo local, capaz de garantizar el triunfo de sus pupilos y por ello el entusiasmo del ex funcionario federal. Leonardo Fernández Aceves, ex delegado municipal de La Mesa y aspirante a ser nominado para una diputación, fue integrado como candidato a Sindico Municipal, como fruto de las negociaciones.
De pronto, todo el panorama les cambió, luego de una reunión privada con Francisco Blake Mora, secretario general del Gobierno del Estado, “…Ramos nos comentó que había recibido la recomendación para que apoyara a Carlos Torres y lo tenía que hacer, pero que nos dejaba libres para que votáramos por quien quisiéramos”, dijo un miembro del PAN que labora en las oficinas del Palacio Municipal y había sido invitado a colaborar en el comité de campaña de Monraz Sustaita, pero luego requerido para respaldar a Torres.
La difusión de una grabación de audio (hecha pública a finales de marzo pasado, por Agencia Fronteriza de Noticias), presuntamente de una conversación vía radio entre el entonces director municipal de Reglamentos, Gustavo Lemus, y un regenteador de antros de la Zona Norte, identificado como Antonio Escobedo, vino a fortalecer la sospecha de que “el alcalde Jorge Ramos Hernández y el gobernador Osuna Millán están apoyando a Carlos Torres”.
Hubo denuncia de opositores en la contienda abierta, pero nadie fue molestado y mucho menos sancionado. La desconfianza creció en la militancia panista y la fortaleza principal del PAN en Tijuana, como en los otros cuatro municipios, se pulverizo “a la sorda”.
Pocos se atrevieron a protestar abiertamente, arriesgándose a perder su posición en las nominas estatal o municipal, pero… a la hora de votar lo hicieron “contra los impuestos”… si, los “candidatos oficiales”, con todo y que en las internas se vieron triunfadores.
Se descarta incluso como punto sobresaliente que, pese a la intensa difusión en las redes sociales de Internet, de cada tres jóvenes solamente uno acudió a emitir su sufragio, según datos organismos electorales.
Lo relevante es, indudablemente, el triunfo contundente de la Alianza por un Gobierno Responsable (PRI-PVEM), la otrora llamada “marea roja”, que arrasó con la “ola azul” y llevo a la dolorosa derrota a los candidatos de la Alianza por Baja California (PAN-PES-PANAL).Para analistas y comentaristas especializados, el domingo quedó demostrado que el escueto electorado, al margen de los partidos y autoridades electorales, hizo saber su decisión en las urnas y tomó el camino de la alternancia en una demostración de que, en Baja California, la democracia… ¡vive!
Y, en este contexto, se evidencia que la militancia panista (el “voto duro”) “no salió a votar” y “castigó” a los que consideró “candidatos oficiales” y hasta “impuestos”.
Uno de ellos, Carlos Torres Torres, derrotado aspirante a la alcaldía de Tijuana, no pudo quitarse el sello de ser “recomendado” o “ahijado político” del presidente Felipe Calderón Hinojosa y, los otro cuatro, Raúl López Moreno (ex secretario general de Gobierno de Mexicali), Alfonso Alvarez Juan (ex subsecretario de Promoción Económica del Estado), Hugo Zepeda Berrelleza (ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada) y Raúl Leggs Vázquez (ex coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado), fueron etiquetados como “hombres del gobernador José Guadalupe Osuna Millán”, lo que les “ayudó” en las elecciones internas, pero no en las generales.Pesó más en su contra esa supuesta condición, que sus propuestas para convertirlas eventualmente en excelentes oportunidades de progreso y bienestar para los habitantes en cada uno de los cinco municipios de nuestra entidad, basadas en la experiencia y la capacidad organizativa y operativa, amén de su relación íntima con el jefe del Ejecutivo estatal que, pensaron y ofrecieron, facilitarían la realización de obras y programas de beneficio para todos.
Así, en parte se explica la derrota de los nominados albiazules para las alcaldías de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. Otro de los derrotados es el ex secretario particular del mandatario estatal, Máximo García López, que aspiraba a convertirse en diputado por el Distrito 10 de Tijuana, y fue rebasado por su contendiente priista Carlos Murguía Mejía, quien se quejaba de la desventaja en recursos.Los actuales alcaldes panistas son igualmente señalados como responsables de crear un ambiente negativo para quienes pretendieron convertirse en sus sucesores.
En Mexicali, el jefe de la comuna Rodolfo Valdez Gutiérrez, ha perdido popularidad y visto como prepotente, además de que no se olvidan las irregularidades en las que ha incurrido, como el del caso del diputado mexicalense que fuera presuntamente detenido con droga y una arma, pero que la policía municipal dejó en libertad y sin rendir parte de novedades, lo que contradice su empeño en alcanzar la certificación de CALEA.
En el puerto de Ensenada, el alcalde Pablo Alejo Lopez Nuñez, es objeto de reclamos de la ciudadanía y no pasan por alto la obra fallida del puente peatonal que tuvo que ser desmontado y vuelto a instalar porque el pilar que lo soportaba sobre el camellón, se estaba hundiendo y ponía en peligro la instalación y, obviamente, a quienes se atrevieran a pasar por encima.
Casos muy peculiares son los de los presidentes de Tecate (el panista Donaldo Peñaloza) y de Playas de Rosarito (el empresario Hugo Torres Chabert, abanderado por el PRI), que han trabajado con muchas limitaciones y recibido por ello el apoyo del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, para la realización de obras. En Tecate no están conformes, en tanto que en Rosarito se confirma el gobierno priista.
En cuanto al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, enfrenta el reclamo generalizado de comerciantes y automovilistas afectados por las obras del PIRE en las principales vialidades. Se le reconoce que están cambiando, pero no hay cuidado en las fechas y horarios, como tampoco el adecuado y suficiente apoyo logístico de Tránsito Municipal para agilizar el tráfico. Muchas quejas por la baja en las ventas, son el común denominador, y el jefe de la comuna no se da por enterado.
Además, se abriga la sospecha de haber recibido grandes beneficios económicos por este programa, que ejecuta CEMEX con un financiamiento por 1,700 millones de pesos que el cabildo autorizó en “fast track” al Ayuntamiento, como lo hizo también el Congreso del Estado, caracterizado por su lentitud en el desahogo de la mayoría de los asuntos; a este adeudo, se sumarían los $800 millones que gestionó y obtuvo su correligionario Jesús González Reyes (2001-2004) y un crédito por $400 millones gestionados y obtenidos por el priista Jorge Hank Rohn (2004-2007).
Igual percepción se tiene en la ciudadanía, en los medios y en los gremios de transportistas convencionales con la reciente concesión de transporte público dada “en lo oscurito” a una empresa denominada Auto Transporte de Tijuana (ATT), para atender la ruta Valle de Las Palmas-Tijuana, con una flotilla de 600 autobuses, durante un período de 30 años.
Ante la presión de los inconformes, el primer edil anunció haber hecho supuestas modificaciones a los términos de la concesión, como el reducir de 600 a 60 las unidades que pondrán a trabajar y la condición de “no afectar los ramales” en los que ya están prestando servicio transportistas de la Alianza 24 de Febrero, no obstante que días antes había dicho que no podría cambiar las condiciones autorizadas por el cabildo.
“No me chupo el dedo… les puedo asegurar que después de las elecciones del domingo 4 de julio, van a dejar de hacer manifestaciones”, sentenció ante la prensa, cuando fue cuestionado en la calle por grupos de taxistas, calafieros y autobuseros, durante la presentación de uno de los modernos autobuses de ATT, en el bulevar Rodolfo Sánchez Taboada y rampa Escuadron 201, en la Zona Rio Tijuana.
Este conflicto tenia preocupado al equipo de campaña de Carlos Torres Torres, quien infortunadamente ya había “comprado” dicho proyecto y en repetidas ocasiones aseguró que con ese servicio resolvería el problema y entraría de lleno en la modernización del transporte público que tanto demanda la comunidad usuaria.
Torres estaba dispuesto a dar continuidad a proyectos de Ramos y eso parece haberle ganado la animadversión ciudadana, por los desplantes del actual alcalde que arrastra mas lastres en su haber político. “Más de lo mismo, ya no”, fue el clamor ciudadano.
Ramos Hernández fue incumplido con su obligación de pagar las cuotas “patronales” al Issstecali y recientemente transfirió a esta institución la propiedad de diversos predios, patrimonio del gobierno municipal, para pagar un adeudo millonario que se acumuló porque no cubrió a tiempo las cuotas correspondientes a su personal sindicalizado, más de tres mil empleados.
De Alfonso Álvarez Juan y Raúl Leggs Vázquez, se criticó en diversos medios que no tenían suficiente arraigo en Tecate y Playas de Rosarito, los municipios que aspiraban gobernar. Sus proyectos gustaron, pero el nativismo, además de haber salido del gabinete estatal, les caló profundo en sus anhelos, de tal modo que los votantes prefirieron dar su confianza a los abanderados de la coalición PRI-PVEM, Javier Urbalejo Cinco y Javier Robles Aguirre, respectivamente.En lo que respecta a Hugo Zepeda Berrelleza, quien fuera superado en votos por el priista Enrique Pelayo Torres, los señalamientos tienen que ver con su desempeño en la dirección de la CESPE, cargo al que renunció para buscar la candidatura del PAN.
A los factores expuestos líneas arriba, se agregaría:
• El descontento popular por las disposiciones presidenciales en materia fiscal, reflejadas en alza de impuestos y la creación de nuevas obligaciones, amén de complicados métodos para las declaraciones, sobre todo individuales.
• El incremento de precios en combustibles que se conoce coloquialmente como “gasolinazo”, que genera fuga de compradores a estaciones de San Diego y Calexico.
• El aumento de cobro de cuotas aplicadas por el Gobierno Federal a los “cruceros” que arribaban a Ensenada y que ya suspendieron sus escalas, causando la quiebra de negocios turísticos.
• La testarudez del Gabinete Económico federal para modificar el decreto automotriz que hizo quebrar a cientos de negocios de autos usados en la entidad, perjudicando a talleres de carrocería, pintura, tapicería, mecánica y venta de refacciones.
• El anuncio engañoso del Decreto Presidencial para la supuesta eliminación del Impuesto a la Tenencia de Automóviles, aplicado solamente en la adquisición de autos nuevos de determinados precios o valores. Sabido es que no aplicara de modo general hasta el año 2012, cuando esté por concluir el sexenio calderonista.
• Los efectos preocupantes del polémico SIAVE en las garitas internacionales que inhibe el flujo de vehículos y provoca lentitud que se refleja en pérdidas económicas y la disminución de turismo.
• Y, como si fuera poco, más recientemente la limitante en los depósitos de dólares en los bancos, sin tomar en cuenta que Baja California es, por su vecindad con California, una región en la que la moneda estadunidense circula casi tanto como la nacional.
RAMOS VS TORRES
El caso de Tijuana merece mención aparte. Entre la militancia del PAN quedó claro que el alcalde Jorge Ramos Hernández y su antecesor en el cargo y correligionario panista, Jesús González Reyes, se habían comprometido a apoyar al ex delegado federal de la Secretaría de Economía (SE), Alejandro Monraz Sustaita, quien había quedado en el camino tres años antes, cuando contendió en la elección interna con el hoy presidente municipal, a punto de concluir su gestión.
Todo hacía pensar que iban en caballo de hacienda, como reza el popular refrán. Monraz Sustaita no negaba su confianza en ser postulado, contando con el apoyo de Jorge Ramos y “Chuy” González, a cambio de dar seguimiento a los proyectos del todavía primer edil e incluir en la planilla a varios “ramistas” y “chuyistas”, al ceder posiciones de lo que sería su gabinete.
Este último es considerado como líder influyente en el panismo local, capaz de garantizar el triunfo de sus pupilos y por ello el entusiasmo del ex funcionario federal. Leonardo Fernández Aceves, ex delegado municipal de La Mesa y aspirante a ser nominado para una diputación, fue integrado como candidato a Sindico Municipal, como fruto de las negociaciones.
De pronto, todo el panorama les cambió, luego de una reunión privada con Francisco Blake Mora, secretario general del Gobierno del Estado, “…Ramos nos comentó que había recibido la recomendación para que apoyara a Carlos Torres y lo tenía que hacer, pero que nos dejaba libres para que votáramos por quien quisiéramos”, dijo un miembro del PAN que labora en las oficinas del Palacio Municipal y había sido invitado a colaborar en el comité de campaña de Monraz Sustaita, pero luego requerido para respaldar a Torres.
La difusión de una grabación de audio (hecha pública a finales de marzo pasado, por Agencia Fronteriza de Noticias), presuntamente de una conversación vía radio entre el entonces director municipal de Reglamentos, Gustavo Lemus, y un regenteador de antros de la Zona Norte, identificado como Antonio Escobedo, vino a fortalecer la sospecha de que “el alcalde Jorge Ramos Hernández y el gobernador Osuna Millán están apoyando a Carlos Torres”.
Hubo denuncia de opositores en la contienda abierta, pero nadie fue molestado y mucho menos sancionado. La desconfianza creció en la militancia panista y la fortaleza principal del PAN en Tijuana, como en los otros cuatro municipios, se pulverizo “a la sorda”.
Pocos se atrevieron a protestar abiertamente, arriesgándose a perder su posición en las nominas estatal o municipal, pero… a la hora de votar lo hicieron “contra los impuestos”… si, los “candidatos oficiales”, con todo y que en las internas se vieron triunfadores.
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