Dialogando con el Búfalo

CIUDAD DE MEXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército Mexicano participarán en la investigación de la matanza de 15 jóvenes perpetrada en un servicio de lavado de vehículos en Tepic, Nayarit,
y de acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, no se descarta que ésta y las otras dos masacres (en Tijuana y Ciudad Juárez), llevadas a cabo por integrantes del crimen organizado, sean parte de venganzas entre integrantes del cártel de Sinaloa contra presuntos miembros de los cárteles de Juárez y Zetas.

El gobierno federal tomó conocimiento de lo ocurrido en el servicio de autolavado Gamboa, en la colonia Lázaro Cárdenas, de Tepic, por medio de una llamada telefónica en la que se denunciaba el asesinato de 15 personas y dos más heridas en el negocio que se localiza en avenida Rey Nayar y Leyes de Reforma.

De acuerdo con la información obtenida de fuentes federales, la PGR envió personal ministerial y pericial para que colaborara en las investigaciones, que hasta el momento siguen en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nayarit.
Los reportes gubernamentales refieren que a la búsqueda de los atacantes de las personas que estaban en el autolavado se sumaron miembros del Cisen y el Ejército, y que mientras se realizaban las primeras diligencias ministeriales se presentó en el lugar el propietario de la negociación, identificado como Érick Gamboa, y declaró que él no se encontraba en el momento de la matanza.

De las víctimas, 11 asistían a un centro contra adicciones

Asimismo, acudió el encargado del Centro de Rehabilitación para Tratamiento de Adicción de Drogas, denominado Alcance Victoria, y “reconoció a 11 de las 15 personas ejecutadas, y agregó que estos estaban en tratamiento por ser adictos”.

La delegación de la PGR en Nayarit inició la averiguación PGR/NAY/TEP-III/397/2010, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que el delito de homicidio será responsabilidad de las autoridades locales.

FUENTE: La Jornada