Dialogando con el Búfalo

MEXICALI.- Las casas de empeño en Baja California ya se encuentran limitadas para recibir objetos robados, uno de los cambios es que el pignorante deberá presentar factura.

El secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, anunció que además estos negocios deberán colocar en un lugar visible su permiso vigente.

Y para evitar que las casas de empeño se conviertan en receptores de mercancías robadas, quienes las operan deben cerciorarse de la identidad del pignorante (la persona que empeña) y éste acreditar la propiedad del bien a empeñar mediante la presentación de factura y/o emitir manifiesto donde reconoce expresamente que es el legítimo e indiscutible propietario del objeto, identificarse con documento oficial o con la comparecencia de dos personas debidamente identificadas.

Las nuevas reglas establecen mecanismos para que las autoridades vigilen el funcionamiento de las casas de empeño y, en ese sentido, no sólo prevengan la captación de bienes provenientes de actos ilícitos, sino supervisarlas para detectar y recuperar bienes robados.

También, dijo, es la Secretaría General de Gobierno será quien aplique y supervise el cumplimiento de la Ley, por lo tanto a ellos corresponde la emisión de permisos, revalidación, modificación o reposición.

Explicó que para la expedición del permiso, el contrato respectivo deberá estar debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que conforme al artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor corresponde a dicha autoridad emitir.

Dijo que en el rubro de sanciones, se propone que la Ley especifique todas y cada una de las causales que motivarán la aplicación de una multa, la suspensión temporal del permiso, la cancelación definitiva del mismo, así como la clausura temporal o definitiva del establecimiento, lo anterior, con el ánimo de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Precisó que los inicialistas de esta nueva ley fueron el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán y los diputados Miguel Ángel Castillo Escalante, Antonio Ricardo Cano Jiménez, José Alfredo Ferreiro Velazco y Juan Macklis Anaya y fue aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso del Estado.