TIJUANA.- Ordenan detener la concesión que el gobierno del alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, otorgó a la empresa Autotransportes de Tijuana y otras tres empresas.
Incluso no será este el actual Ayuntamiento quien de continuidad a la demanda, pues se citó a las partes hasta enero del 2011.
El 2 de julio pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California ordenó dejar las cosas en el estado actual en que se encuentran y a las autoridades demandadas por Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana.
“Se abstengan de realizar cualquier acto relacionado con la concesión otorgada a la empresa Autotransportes de Tijuana, SA de CV, correspondiente al tramo Valle de las Palmas que se cita en el fallo de licitación identificado con número CONC-SMT-2009-01”, refiere el documento.
Pedro Blanco Morales, representante de Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana y Miguel Ángel Jiménez, vocero del frente Transportistas Unidos de Tijuana (TUT), manifestaron que esta decisión es un primer paso para poner un alto a las arbitrariedades del Alcalde de Tijuana.
La audiencia constitucional para la presentación de pruebas se determinó para el 26 de enero de 2011, y así atacar de fondo la demanda de los transportistas que durante las semanas previas a la elección realizaron una serie de manifestaciones.
“Estamos luchando en distintas vías legales y políticas, incluso, como ha sido nuestra presencia en Banobras para solicitar que la suspensión del fondeo por 4 mil millones de pesos para el transporte público en Tijuana, en tanto no conozcamos el proyecto de reordenación y no seamos incluidos, puesto que Jorge Ramos quiere simular un consenso que no existe porque en su proyecto particular quiere dejar fuera al 80 por ciento de los verdaderos transportistas”, expresó Jiménez en un comunicado de prensa.
Una comisión de 10 transportistas se entrevistó este miércoles con el titular del Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Banobras, Humberto Gutiérrez Sotelo, a quien le expusieron su preocupación ante la amenaza de dejar sin trabajo a alrededor de 30 mil padres de familia.
Denunciaron que el gobierno municipal realizó una serie de irregularidades para entregar una licitación a una familia que se desempeñó como transportistas en el sector federal, pero que al ser desplazada por la competencia, quiere acaparar el transporte urbano y suburbano de Tijuana.
“Como lo realizan autoridades municipales en varios estados del país, pretenden entregar el transporte a grupos monopólicos quienes, sabemos muy bien, son contribuyentes de grandes cantidades de recursos económicos para las campañas electorales futuras de esos políticos depredadores que hoy están en las administraciones locales”, expresó Jiménez.
Incluso no será este el actual Ayuntamiento quien de continuidad a la demanda, pues se citó a las partes hasta enero del 2011.
El 2 de julio pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California ordenó dejar las cosas en el estado actual en que se encuentran y a las autoridades demandadas por Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana.
“Se abstengan de realizar cualquier acto relacionado con la concesión otorgada a la empresa Autotransportes de Tijuana, SA de CV, correspondiente al tramo Valle de las Palmas que se cita en el fallo de licitación identificado con número CONC-SMT-2009-01”, refiere el documento.
Pedro Blanco Morales, representante de Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana y Miguel Ángel Jiménez, vocero del frente Transportistas Unidos de Tijuana (TUT), manifestaron que esta decisión es un primer paso para poner un alto a las arbitrariedades del Alcalde de Tijuana.
La audiencia constitucional para la presentación de pruebas se determinó para el 26 de enero de 2011, y así atacar de fondo la demanda de los transportistas que durante las semanas previas a la elección realizaron una serie de manifestaciones.
“Estamos luchando en distintas vías legales y políticas, incluso, como ha sido nuestra presencia en Banobras para solicitar que la suspensión del fondeo por 4 mil millones de pesos para el transporte público en Tijuana, en tanto no conozcamos el proyecto de reordenación y no seamos incluidos, puesto que Jorge Ramos quiere simular un consenso que no existe porque en su proyecto particular quiere dejar fuera al 80 por ciento de los verdaderos transportistas”, expresó Jiménez en un comunicado de prensa.
Una comisión de 10 transportistas se entrevistó este miércoles con el titular del Área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control de Banobras, Humberto Gutiérrez Sotelo, a quien le expusieron su preocupación ante la amenaza de dejar sin trabajo a alrededor de 30 mil padres de familia.
Denunciaron que el gobierno municipal realizó una serie de irregularidades para entregar una licitación a una familia que se desempeñó como transportistas en el sector federal, pero que al ser desplazada por la competencia, quiere acaparar el transporte urbano y suburbano de Tijuana.
“Como lo realizan autoridades municipales en varios estados del país, pretenden entregar el transporte a grupos monopólicos quienes, sabemos muy bien, son contribuyentes de grandes cantidades de recursos económicos para las campañas electorales futuras de esos políticos depredadores que hoy están en las administraciones locales”, expresó Jiménez.
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